Latinos esperan más que el fin de las redadas

MINNEAPOLIS _ A comienzos de 2006, Mariano Espinoza andaba entusiasmado por los avances en Worthington. La ciudad de 11,000 habitantes en el suroeste de Minnesota estaba entregada a una delicada danza: su bienestar, sujeto al de una planta empacadora de carnes que a su vez dependía de trabajadores inmigrantes latinos.

Mientras Washington parecía doblegarse ante el concepto más limitado posible sobre la inmigración _ aprobando un proyecto de ley que favorecía vallas de alta tecnología a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y declaraba la inmigración ilegal un delito federal grave _ Worthington parecía ser mucho más abierto. Más de 600 residentes inmigrantes y no inmigrantes, incluido el alcalde de la ciudad y miembros del concejo, asistieron a una reunión pública el 29 de enero de 2006 para empezar un diálogo que integrara mejor a los inmigrantes en su comunidad.

A final de ese año, sin embargo, todo se vino abajo. En la mañana del 12 de diciembre de 2006, Espinoza, director de la Red de los Inmigrantes de Minnesota en St. Paul, recibió una llamada del poblado ubicado 200 millas al sur. "Se están tomando el pueblo", le dijo alterado el presidente del sindicato de la planta minutos después de que agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entraran al poblado, cerrando la principal vía de acceso y llevándose a docenas de trabajadores en autobuses. La redada en Swift & Company en Worthington hizo parte de un operativo que incluyó otras cinco plantas de Swift en estados del oeste y dio lugar a 1297 arrestos por violaciones a leyes migratorias.

La sensación de buena voluntad desapareció en Worthington. Pedro Lira, representante del sindicato en la planta donde trabajó por más de 16 años cortando carne, recordó en una entrevista que algunos en el poblado usaron las redadas como excusa para dar rienda suelta a sus prejuicios, aplaudir el operativo y llamar criminales a los inmigrantes.

En retrospectiva, Espinoza no está convencido de que las redadas fueron simplemente parte de un esfuerzo renovado por hacer cumplir leyes federales de inmigración o de un nuevo deseo de tomar medidas enérgicas contra el robo de identidad. Para él, Lira y otros líderes latinos, la redada fue diseñada por el gobierno para generar división.

Dichas sospechas son difíciles de comprobar. Pero se refuerzan con lo que es más tangible: las redadas han hecho muy poco para alcanzar sus supuestos objetivos.

En 2006, ICE intensificó operativos en lugares de trabajo, "destinados a promover la seguridad nacional y pública, proteger infraestructura crítica y asegurar normas laborales justas". Ese año ICE hizo 4900 arrestos, incluidos 863 por robo de identidad o uso de documentos falsos, multiplicando por 45 los arrestos criminales ocurridos en 2001.

Robert Hildreth, presidente del National Immigration Bond Fund, que paga la fianza de inmigrantes arrestados en redadas de ICE, calcula que ICE gastó $1600 millones de dólares ese primer año sólo en detención. Ese costo hizo poco por la seguridad nacional, cree él. "Por todos estos gastos, los contribuyentes tal vez esperen que ICE atrape algunos malos sujetos _ terroristas o criminales que representan una verdadera amenaza para nosotros. Pero lo que encontraron fue solamente trabajadores, muchos indocumentados pero por lo demás inofensivos", escribió Hildreth en una reciente columna en el Houston Chronicle.

Las redadas tampoco han hecho mucho por mejorar las normas laborales. En la planta Swift de Worthington, el operativo transformó la composición latina de su fuerza laboral que era de un 80 por ciento y hoy está cerca de un 40 ciento, según Lira. Pero muchos de esos trabajadores que se fueron, deportados o por miedo, probablemente ya están trabajando en otras plantas procesadoras de carne que se reparten a lo largo de la frontera entre Minnesota y Iowa, donde su experiencia y sus ética laboral son apetecidas, asegura Espinoza.

Espinoza, Lira y otros en primera línea de la confrontación entre ICE y los trabajadores ilegales, tienen la esperanza de que la administración Obama acabará las redadas y promoverá medidas en general más efectivas, razonables y humanas en respuesta a la inmigración ilegal.

Defensores de los inmigrantes afirman que algunas de las nominaciones al gabinete de Obama representan una señal positiva de que dichos cambios serán considerados seriamente. Una fuerte promotora de la reforma migratoria integral, la Gobernadora de Arizona Janet Napolitano, ha sido escogida para liderar el Departamento de Seguridad Interna que incluye a ICE. La Representante Hilda Solis, hija de inmigrantes de México y Nicaragua, ha sido seleccionada para ser Secretaria de Trabajo.

Pero incluso los más optimistas han de reconocer que el nuevo debate sobre una reforma migratoria integral tardará en llegar. En medio de una recesión económica con una creciente tasa de desempleo, los políticos tendrán dificultades en discutir cómo darle a millones de trabajadores extranjeros una oportunidad de quedarse y legalizar su situación.

Aun así, Espinoza, Lira y otros activistas latinos quieren creer que lo peor ha pasado y que la histórica presencia de Obama en la Casa Blanca irá más allá de una acción ejecutiva o legislativa sobre inmigración. Creen que el país está en la cúspide de una era en que las políticas divisionistas ya no serán políticamente atractivas y los latinos empezarán a sentirse mejor acogidos.