¿Terminó la guerra en Colombia?

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la más vieja insurgencia en las Américas con 45 años de existencia, está desmoronándose. Varios de sus cabecillas han muerto en el pasado año -- uno dado de baja por militares colombianos, otro asesinado por sus propios subordinados y su legendario comandante abatido por la edad. Su desorganización se hizo embarazosamente clara en julio cuando uno de sus frentes fue engañado para que entregara a algunos de sus más preciados rehenes, incluida una excandidata presidencial y tres contratistas militares estadounidenses.

De acuerdo con el gobierno colombiano, muchos de los actuales líderes de las FARC, al igual que aquellos del grupo más pequeño del Ejército de Liberación Nacional, ya no viven en el país. Dos poderosos frentes de las FARC que operaban en la Costa Caribe con casi 500 miembros se han prácticamente evaporado. Las deserciones han estado creciendo a tal punto que las FARC han cesado sus acciones ofensivas contra las fuerzas armadas colombianas.

Líderes militares colombianos lo llaman el fin del fin -- no exactamente misión cumplida pero no lejos de serlo. En una entrevista acá esta semana, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos describió cómo el gobierno ha arrinconado a las FARC quitándoles el apoyo popular, su acceso a financiación y su capacidad operativa. "Los estamos ahogando" dijo y agregó "creo que (el conflicto) se puede ganar".

Y puede tener razón: es difícil creer hoy que las FARC tienen alguna posibilidad de recuperarse. Pero una cosa es estar ganando la guerra, y otra muy distinta asegurar la paz. Hoy en día hay señales de que los avances militares van más rápido que otros no menos necesarios para la paz en Colombia.

Si bien el conflicto va en vía de solución, y los militares claramente están a la ofensiva, las FARC han modificado sus tácticas y continúan inflingiendo substanciales daños. Este mes, la organización que alguna vez aseguró defender a los pobres y marginados, admitió haber ejecutado a por lo menos ocho indígenas en el sur de Colombia acusándolos de colaborar con el gobierno.

Al no planear más combates, imparte en cambio terror entre la población civil. Según Santos, las FARC están dedicadas ahora a plantar bombas y minas antipersonales, al igual que a secuestrar aunque con una capacidad disminuida. También, con sus filas mermadas, sus tácticas de reclutamiento se han hecho más agresivas, provocando que la población local salga de la zona.

Otro indicador de lo esquiva que puede ser la paz fue la negociación del Presidente µlvaro Uribe en 2003 con las asesinas Autodefensas Unidas de Colombia, una coalición de grupos paramilitares de derecha formada en los años 80 para proteger de las guerrillas de izquierda a acaudalados dueños de tierras y negocios, al igual que a narcotraficantes.

El gobierno desmovilizó 32.000 combatientes y colaboradores de las AUC y extraditó a varios de sus cabecillas a los Estados Unidos por violar los términos del acuerdo. Muchos de los excombatientes rasos continúan participando en programas que buscan reinsertarlos a la sociedad.

Sin embargo, cerca de 5000 han abandonado el proceso y probablemente son miembros de 16 a 22 nuevos grupos ilegales armados que ahora luchan por controlar territorios donde existe actividad del narcotráfico o agro industrias potencialmente lucrativas. Estos grupos ahora trabajan con frecuencia en sociedad con las guerrillas de "izquierda" y juntos atemorizan a la población.

Como resultado de ese persistente conflicto, la crisis de los desplazados en Colombia, la segunda peor del mundo, tal vez es el principal obstáculo para asegurar la paz. A pesar de todos los avances en el campo de batalla, la cifra oficial de personas desplazadas sigue creciendo, llegando ahora a un total de más 2.8 millones de personas.

Entre las comunidades desplazadas y las organizaciones que los representan "no hay una sensación de que el conflicto esté avanzando hacia la paz", según Roberto Vidal, profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá. Vidal es el autor de un informe emitido esta semana en la Institución Brookings en Washington sobre los vínculos entre el desplazamiento y la construcción de la paz en Colombia. El estudio destaca una conclusión básica derivada de otros conflictos mundiales: sin soluciones duraderas a los desplazados, por medio de reparaciones y resoluciones a disputas de tierra y propiedad, "la estabilidad y la paz sostenible son difícilmente alcanzables".

Para Vidal, como para muchos activistas de derechos humanos aquí y en Colombia, el camino a una paz duradera necesitará pasar por Washington. De la misma forma que miles de millones de dólares en la última década han sido decisivos en los éxitos militares colombianos, sienten que es ahora fundamental que líderes estadounidenses alienten a sus contrapartes en Colombia a seguir adelante para reducir las nuevas formas de violencia, eliminar las minas antipersonales y asegurar el retorno de los desplazados a sus hogares.

En los últimos años, sin embargo, los demócratas en Washington han estado más enfocados en la violencia contra líderes sindicales, retrasando incluso la ratificación de un acuerdo de libre comercio con Colombia. Si bien dichas preocupaciones no son injustificadas, sugieren una perspectiva estrecha que ignora cuánto necesitan evolucionar los esfuerzos en Colombia y su apoyo desde Estados Unidos.