Por qué Obama no puede acabar las redadas

Desde que Barack Obama ganó la elección presidencial con un substancial apoyo latino, organizaciones hispanas alrededor del país han demandado una moratoria inmediata a las redadas de inmigración que han disgregado a familias.

Pero tras dos meses de la administración Obama y sin que haya ninguna acción -- excepto por otra redada más a fines de febrero en Bellinghan, Wash. -- casi 500 de dichos activistas planeaban una demostración al frente del Departamento de Seguridad Interior (DHS, según siglas en inglés) para el 23 de marzo. En respuesta, la recién nombrada subsecretaria asistente de políticas del Departamento, Esther Olavarría, se reunió con los organizadores el día anterior, un domingo, y la protesta nunca se llevó a cabo.

Pero eso no quiere decir que los activistas lograron su propósito y que la marcha no fuera ya necesaria. De hecho, solo dos días antes, en Univisión, la Secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano rechazó públicamente la idea de suspender las redadas.

"No creo mucho en las moratorias", dijo. "Pero podemos asegurarnos de ser cuidadosos en cómo hacemos nuestro trabajo".

La segunda parte de su declaración ayuda a explicar la razón por la cual la demostración no se llevó a cabo. La administración Obama no planea detener la aplicación de leyes contra la contratación de inmigrantes indocumentados. Pero está dando indicaciones claras de que planea hacerlas cumplir en forma distinta.

Según varios participantes en la reunión, Olavarría les aseguró que redadas futuras responderán a diferentes criterios. Se destinarán a "malos empleadores" en vez de trabajadores, dijo Marissa Graciosa, coordinadora de la campaña de inmigración del Center for Community Change en Washington, y reorientarán recursos a atacar crímenes más serios como el tráfico de personas.

Como era de esperarse, la cambiante naturaleza de las redadas está generando preocupación entre los más apasionados activistas contra la inmigración ilegal, quienes acusan a la administración de cambiar secretamente la política migratoria. "Tal como aquellos que se cuelan por la frontera a hurtadillas, la administración Obama podría cambiar las políticas migratorias silenciosa pero significativamente", expresó en una columna de opinión el ex representante republicano Ernest Istook, ahora con la Fundación Heritage.

Pero los planes de la administración no son precisamente secretos. Obama ha declarado públicamente que hará lo que pueda desde la rama ejecutiva para empezar a reformar el defectuoso sistema de inmigración. Más aún, la administración está ahora abiertamente buscando reformar de manera profunda la misión central de DHS.

Esta semana Obama anunció una estrategia integral contra el crimen organizado mexicano "para asegurar que armas y dinero ilegales no estén fluyendo de vuelta a los carteles" mexicanos. En la presentación del plan, Napolitano explicó que millones de dólares y cientos de agentes de DHS y del Departamento de Justicia serán asignados para fortalecer los esfuerzos estadounidenses contra los traficantes de droga y armas, como también contra lavadores de dinero, que alimentan la violencia al sur de la frontera.

Por ahora, Napolitano no está solicitando nuevos fondos y afirma que ha identificado otras áreas dentro de su Departamento de donde extraerán el personal y los recursos financieros necesarios. Todavía no ha proporcionado detalles que pudieran demostrar que esa asignación de recursos tendrá un impacto directo en reducir los recursos para las redadas.

Uno puede asumir, sin embargo, que el cambio de prioridades va a afectar la naturaleza de las redadas, que en los últimos años han puesto a la defensiva a la agencia encargada, Immigration and Customs Enforcement (ICE), que hace parte de DHS. Ir en contra de empacadores de carne o lavadores de platos seguramente no será tan importante como perseguir a narcotraficantes y lavadores de dinero. Redadas dirigidas a acabar con la infraestructura que facilita la inmigración ilegal, como bandas que trafican con personas o documentos falsos, serán también respuestas más apropiadas al nuevo objetivo anti crimen organizado.

ICE ya había sido el blanco de fuertes críticas por no estar sincronizado con la misión de seguridad de DHS. Según un informe emitido el mes pasado por la organización no partidista Migration Policy Institute, escrito por la ex comisionada de inmigración Doris Meissner, ICE "ha aplicado ampliamente un paradigma de seguridad nacional a improbables riesgos de seguridad".

El informe cuestiona cómo, por ejemplo, mujeres guatemaltecas que fabricaban mochilas para militares estadounidenses y que fueron blanco de una redada, pudieron representar una amenaza significativa contra la seguridad estadounidense. Más aún, el informe destaca que ICE ha buscado ligar a trabajadores ilegales con la infraestructura criminal, "caracterizando el simple porte de documentos falsos como robo de identidad o robo de identidad agravado".

El 1 de mayo, dos días después de que Obama cumpla sus primeros 100 días de gobierno, latinos alrededor del país planean marchar de nuevo. El tono de las marchas podría terminar siendo festivo, dijo Graciosa, si en efecto la naturaleza de las redadas parece estar cambiando. También reflejará qué tanto los latinos sienten que su apoyo a Obama fue justificado.