Un llamado pre mórtem a la acción en Guatemala

Es difícil no quedar duramente impresionado por la gravedad y carácter explosivo de la acusación emitida por Rodrigo Rosenberg Marzano en su video pre mórtem: "Si usted está en este momento oyendo o viendo este mensaje es porque fui asesinado por el Señor Presidente µlvaro Colom". Después de todo, no se supone que los muertos mientan.

Pero lo que debiéramos esperar es que otro aparte del video resulte ser aún más contundente. Diez minutos después de que el abogado guatemalteco emite su acusación, ruega porque su muerte no sea en vano. En Guatemala, "todo el mundo espera que alguien más haga (algo); señores, ya llegó el momento. Lo último que hubiera querido es (estar) muerto. Porque mis hijos no van a ser mejores por esto, pero yo espero que Guatemala sí".

En ese aparte, Rosenberg se refiere a la horrible plaga de impunidad que amenaza con vencer a su país. Allí, la mayoría de los asesinos no enfrentan consecuencias, la mayoría de las muertes nunca se resuelven y las instituciones judiciales no tienen credibilidad.

Muchos, en particular los enemigos políticos de Colom, han optado por enfocarse en la primera parte del video. Ellos ya han juzgado al presidente y lo están presionando para que renuncie. Pero hay otros que se basan en consideraciones más profundas.

Desde la muerte de Rosenberg el 10 de mayo, el Congreso de Guatemala ha empezado a trabajar de nuevo en un importante proyecto de reforma judicial. La iniciativa busca que el nombramiento de jueces a las cortes Suprema y de Apelaciones sea mucho más transparente que la tapada transacción que es hoy en día. Antes de la muerte, el proyecto se había puesto convenientemente "al margen", según Mario Minera, director ejecutivo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos en Guatemala.

La nueva ley sería un importante paso adelante. Expertos de la Fundación para el Debido Proceso Legal con sede en Washington determinaron hace dos años que existe una correlación muy estrecha entre la forma en que los nombramientos judiciales se realizan y la corrupción judicial en Centroamérica. Eso es particularmente cierto con respecto a la selección de los magistrados de la Corte Suprema, un proceso fácilmente manipulado por fuerzas poderosas que resulta en jueces comprometidos.

Políticos corruptos se benefician, naturalmente, de ese tipo de sistema judicial. En países con un débil estado de derecho, antiguos altos funcionarios implicados en ruidosos escándalos de corrupción, incluido el ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo, en general logran evitar la cárcel.

Si bien la despolitización y desmitificación del proceso de selección judicial es necesaria, Daniel Kaufmann, experto en corrupción de la Institución Brookings y ex director del programa de gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial, asegura que estos países necesitan más que sutiles empujones. En países donde la gente solo espera impunidad, "es muy importante tomar ciertas medidas de choque para cambiar el aspecto psicológico" y dejar claro que las cosas no seguirán igual.

Pero ¿quién aplicará ahora la necesaria terapia de choque en Guatemala? Colom ha prometido tomar "acciones excepcionales" para combatir el crimen y recuperar la confianza de la población. Desde su inauguración en enero de 2008 y hasta el asesinato de Rosenberg poco había logrado sin embargo y ahora es un presidente impedido. Si empieza a actuar como el gran defensor de la ley, particularmente en términos de reforma judicial, será visto como un esfuerzo desesperado por retener el poder o su inmunidad.

El canciller guatemalteco Haroldo Rodas me dijo en una entrevista que la administración de Colom quiere que la investigación del asesinato de Rosenberg llegue ""hasta sus últimas consecuencias". Colom le ha pedido al FBI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, creada hace dos años con respaldo de la ONU, que investiguen. Tal sumisión al sistema internacional de justicia es bienvenido en este caso, pero no hace nada a favor de fortalecer el propio sistema de Guatemala.

Las opciones del país parecen escasas. Aún así, Beatriz Casals, quien ha trabajado en anti corrupción alrededor del mundo a menudo con fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, tiene mucha fe en lo que grupos no gubernamentales puedan lograr. La sociedad civil en Guatemala tendrá que intensificar sus esfuerzos, como lo hizo, según ella, el año pasado, para presionar a favor de la aprobación de la ley de libertad de información que había estado estancada por siete años.

Grupos similares fueron factor decisivo en la transformación de Perú. El sistema judicial del país, que en la década pasada fue comprado por el régimen de Alberto Fujimori, acaba de enviar al ex presidente a la cárcel por 25 años.

Pero a pesar de la presencia de muchos y buenos grupos activos en Guatemala, Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso Legal, teme que todavía les falta coordinación y una agenda compartida. Recordó que en Perú, videos en que funcionarios de Fujimori aparecían sobornando a políticos, ayudaron a unificar a la sociedad civil.

Si bien el video de Rosenberg no ofrece el tipo de evidencia incriminatoria de los de Perú, Salazar espera que pueda ayudar a galvanizar a la sociedad guatemalteca en torno a la urgente lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya llegó el momento.