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Golpe en Honduras es un retroceso, pero la respuesta de las Américas no lo es


Publication Date: 
3 July 2009

Fue apenas hace siete años el gobierno de Estados Unidos no pudo calificar como golpe la remoción armada y forzosa de un líder elegido democráticamente. Para la Casa Blanca, el derrocamiento del Presidente Hugo Chávez por militares venezolanos en abril de 2002 fue un simple "cambio de gobierno", algo que no era necesario condenar.

Por el contrario, aquel gobierno dio un respaldo tácito al golpe porque no le gustaba Chávez, en particular sus estrechas relaciones con Fidel Castro en Cuba. Pero el golpe se frustró en pocas horas y quienes lo apoyaron pronto debiero explicar porque parecieron tan ansiosos de reconocer al gobierno civil interino impuesto por los militares.

La administración Bush había preferido la conveniencia a los principios y su influencia en la región sufrió serio menoscabo.

La expulsión militar del Presidente hondureño José Manuel Zelaya el 28 de junio es obviamente un retroceso para las Américas. Pero la respuesta que ha provocado no lo es. El mismo día que fue arrastrado de su dormitorio, forzado a subirse a un avión y depositado en un aeropuerto en Costa Rica, Washington se unió al resto del hemisferio para condenar el golpe y demandar el "retorno incondicional e inmediato" de Zelaya.

No hay duda que algunos en Washington estuvieron tentados a aprobar la expulsión. Tras hacer campaña como candidato conservador para la presidencia en 2005, Zelaya hizo un giro abrupto a la izquierda ya en su cargo. Inscribió a Honduras en Petrocaribe, lo que le dio acceso a petróleo venezolano con condiciones preferencias de pago, y en la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe, un organismo de integración económica de izquierda liderado por Chávez.

Como el ex líder guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos observó recientemente en El País de España, los petrodólares de Chávez --tanto como los narco dólares -- han servido para destruir instituciones y polarizar al país.

Finalmente, Zelaya consternó a demasiadas personas. Su insistencia en llamar a un referendo para reformar la constitución fue visto por sus enemigos como un intento de perpetuarse en el poder. La Corte Suprema del país, el Congreso y el fiscal general aseguraron que el referendo era ilegal, lo mismo que la decisión de Zelaya de destituir al comandante de las fuerzas armadas. Esos actos justificaron el golpe, según los líderes opositores.

Afortunadamente, Estados Unidos, como el resto de la comunidad internacional, evitó una reacción impulsiva, y mantuvo sus principios: "siempre queremos estar del lado de la democracia,", dijo Obama al día siguiente de la expulsión de Zelaya, "incluso si los resultados no siempre significan que los líderes de esos países favorecen a Estados Unidos".

Esta postura basada en principios pone a la Organización de Estados Americanos en la posición de mediar entre Zelaya y el gobierno de facto de Roberto Micheletti. El viernes, una misión diplomática encabezada por el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza emitió un ultimátum de 72 horas a Micheletti para que se retire o convierta a Honduras en el primer país suspendido de la OEA por violaciones democráticas.

Para convencer a los líderes del golpe a que acepten el retorno de Zelaya, la OEA tendrá que asegurar que gobierne dentro de sus "funciones constitucionales" algo que ha dejado de hacer con varios líderes regionales en el pasado reciente. Si la misión tiene éxito, la OEA tanto como la democracia hondureña ganarán.

Esta situación ha fortalecido por ahora a la Carta Democrática Interamericana. En los últimos días líderes -- que se habían burlado de la Carta en sus siete años de existencia -- la han usado para defender el orden democrático.

Incluso Chávez mismo pareciera haber decidido apoyar las mismas cosas que tanto ha menospreciado. En un borrador de la resolución de la OEA, su gobierno propuso "condenar el cierre de estaciones de radio y televisión".

Según Jennifer McCoy, directora del Programa de las Américas del Centro Carter, esto pone al gobierno venezolano en la irónica posición de defender los mismos derechos que muchos acusan a Chávez de violar en su país. Cuando uno defiende derechos en lo abstracto, debiera ser más difícil atacarlos en forma selectiva, agregó.

Ya lo quisiéramos. Pero al menos, gracias a que Estados Unidos ha optado por adoptar una posición de principios en vez de conveniencia, esa posibilidad es hoy más cercana que antes.

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