Nuevo Año, nuevas alianzas

En términos de dinero, equipo o alcance, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe no será precisamente otra OTAN. Pero como nuevo enfoque para enfrentar amenazas compartidas en las Américas, tiene un significado mucho mayor de lo que sugiere su limitada dimensión.

El acuerdo de cooperación en seguridad fue diseñado para ayudar a 15 de los países más pequeños del hemisferio a confrontar el tráfico ilícito de drogas y el contrabando de armas, lavado de dinero, adicción a las drogas, violencia y corrupción que provocan. Estados Unidos y las naciones del Caribe deberán lanzar oficialmente el CBSI, como se le conoce en inglés, a comienzos del año entrante.

Los líderes del Caribe solicitaron asistencia en seguridad a Estados Unidos por primera vez en 2007 cuando se preparaban para ser la sede de la Copa Mundial de Cricket, el tercer evento deportivo más grande del mundo. El trabajo inicial de identificar debilidades en seguridad y recursos necesarios para afrontarlas sirvió de base para el acuerdo más amplio que representa CBSI. El Congreso estadounidense ha aprobado $37 millones de los $45 millones de dólares solicitados inicialmente por el Presidente Obama para respaldar la iniciativa.

Los fondos para CBSI no se comparan con la ayuda en seguridad a Colombia, la cual ha representado un promedio de $500 millones de dólares anuales desde 2000, o con la Iniciativa Mérida, que en 2008 aprobó $465 millones de dólares para ayudar a México, Centroamérica, República Dominicana y Haití a enfrentar el crimen organizado. Pero contrasta fuertemente con el caótico estado de la cooperación en seguridad en otras partes del hemisferio donde diferencias ideológicas, políticos ostentosos, arraigado anti americanismo y una ilimitada capacidad de revivir viejas disputas bilaterales continúan frustrando mayores avances.

Perú y Chile, por ejemplo, cuya vieja historia de animosidad se remonta más de un siglo a la Guerra del Pacífico, están de nuevo en el cuadrilátero. Ambos países retiraron a sus embajadores después de que Perú denunció que Chile sobornó a un sub oficial peruano para obtener secretos de estado. Perú desde entonces ha anunciado su intención de adquirir tanques chinos y aviones militares brasileños, contradiciendo el llamado del Presidente peruano Alan García a reducir el gasto militar en la región para "asegurar una unión sudamericana sin desconfianzas".

Entre tanto, Venezuela y Colombia no pueden dejarse mutuamente en paz. El Presidente venezolano Hugo Chávez continúa armando a su país para una supuesta invasión militar estadounidense lanzada desde territorio colombiano. A su turno, el Ministro de Defensa Gabriel Silva recientemente anunció la construcción de una nueva base militar y la activación de dos nuevos batallones de aviación en la frontera con Venezuela para prevenir una agresión desde ese país.

El Caribe también tiene su cuota de preocupaciones tradicionales de seguridad. El experto en seguridad caribeña Ivelaw Griffith, del York College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, afirma que hay todavía casi 40 disputas territoriales y fronterizas en la región. Pero en los últimos años, Griffith dijo en una audiencia en el Congreso sobre CBSI, líderes caribeños "han dado especial importancia a temas de seguridad no tradicionales" ya que han llegado a reconocer que las amenazas generadas por las drogas "presentan peligros más claros e inmediatos".

Líderes en Sudamérica no han alcanzado esa misma conclusión. En los últimos meses, en vez de enfocarse en la influencia corruptora y destructiva del tráfico ilícito de dinero, armas y drogas, muchos líderes regionales han pasado refutando el nuevo acuerdo que permite una mayor presencia militar estadounidense en bases colombianas.

Funcionarios colombianos y estadounidenses han reconocido que pudieron haber manejado mejor el anuncio de esta nueva cooperación en seguridad. Pero eso no ha satisfecho a políticos que prefieren alentar el sentimiento anti estadounidense que atender a la creciente evidencia de que la corrupción oficial, falta de legalidad y violencia armada indiscriminada están empeorando a lo largo del hemisferio.

A diferencia del Caribe, Latinoamérica no cuenta con un organismo multilateral que coordine los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal o solicitar apoyo estadounidense. Colombia, que lleva años acudiendo a todos sus vecinos, tiene acuerdos de cooperación con solo tres países en Sudamérica: Perú, Chile y Paraguay.

Colombia tiene una "gran necesidad de un acuerdo para compartir inteligencia con Ecuador y Venezuela", afirmó Adam Isacson, experto en la lucha andina contra las drogas del Center for International Policy en Washington, "pero (tal acuerdo) no existe".

Las naciones caribeñas también estuvieron negando la realidad por mucho tiempo. Y preocupaciones sobre soberanía, corrupción y diferencias políticas persisten. Pero estas sociedades han llegado a reconocer que ser simplemente una escala para las drogas no los protege de los dañinos efectos en la seguridad pública, el estado de derecho y la seguridad regional en su conjunto.

Y reconocen que el problema no puede enfrentarse de manera poco sistemática. Jay Cope, experto en seguridad de las Américas e investigador de la National Defense University, aplaudió este avance en una entrevista. En contra de la lamentable tendencia regional, Cope celebró que "este grupo de naciones ha encontrado en la primera década del siglo 21 que pueden trabajar unidos".