Venezuela, ¿un bastión democrático?

Para sorpresa de nadie, los once años de la revolución populista del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, han dejado tras de sí un historial menos que estelar en términos de democracia y derechos humanos.

Según un nuevo informe de 300 páginas emitido el 24 de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno venezolano ha socavado la democracia mediante el control de las instituciones en torno al poder ejecutivo y la intimidación y castigo de opositores políticos, defensores de derechos humanos, líderes sindicales y periodistas. El informe destaca además que la mitad de jueces son provisionales, por lo que pueden ser fácilmente removidos si emiten fallos que no coinciden con los intereses del gobierno.

Es, en resumen, el informe más crítico de un gobierno en ejercicio desde que el ente autónomo vigilante de los derechos humanos describió los abusos del presidente peruano Alberto Fujimori en 2000.

Tras la publicación del informe sobre Fujimori, los cancilleres de las Américas reunidos en Canadá en la asamblea anual de la Organización de Estados Americanos votaron a favor de enviar una delegación de alto nivel a Perú. La delegación comenzó negociaciones con el régimen y la oposición, lo que llevó eventualmente a la renuncia del líder peruano.

Para la oposición venezolana y los antichavistas en todas partes, el nuevo informe es una confirmación más de todo lo que han venido denunciando desde hace años. Pero si esperan que la comunidad internacional responda con decisión y que Chávez sufra pronto el mismo destino de Fujimori, están equivocados.

La situación actual en América Latina es un tanto más complicada que en 2000. Durante la última década, el creciente descontento popular con una economía de mercado sin mayores ganancias sociales ha llevado al poder en diversos países de la región a líderes de izquierda que prometen mejorar la situación de los pobres. Más recientemente, los uruguayos prefirieron a José Alberto Mujica, quien luchó por la justicia social como miembro del movimiento guerrillero Tupamaro, sobre su rival, el candidato conservador Luis Alberto Lacalle.

Muchos de esos líderes, particularmente Chávez, restan importancia a las críticas sobre su desempeño en el terreno de los derechos humanos. Aseguran estar más comprometidos con la democracia que sus predecesores. Y según cierto parámetros, como los derechos sociales y económicos que la Carta Democrática Interamericana cita como factores en la consolidación de la democracia, lo están.

El informe de la CIDH reconoce dichos avances en Venezuela: "La Comisión resalta que el Estado (de Venezuela) ha alcanzado la alfabetización de la mayoría de la sociedad, la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, la ampliación de la cobertura en la salud a favor de los sectores más vulnerables, la disminución del desempleo, la reducción de la tasa de mortalidad infantil y el incremento en el acceso de los venezolanos a los servicios públicos básicos."

Hoy, la disparidad de ingresos en Venezuela es la más baja de América Latina. Es solo uno de cinco países del mundo que subieron más de tres escaños en el último Indice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. En la encuesta de Latinobarómetro del año pasado, los latinoamericanos dijeron que solo Uruguay y Costa Rica son más demócraticos que Venezuela en la región.

Este progreso añade una nueva dimensión a la relación de Washington con Venezuela. Antes del Presidente Obama, funcionarios del gobierno habrían aprovechado los aspectos negativos del informe para satanizar a Chávez y convocar a los demás líderes de la región a ponerse del lado de la libertad. Afortunadamente, los días de ultimátums ideológicos ya pasaron.

Obama claramente no quiere caer en una confrontación verbal con Chávez y provocar más resentimiento. Incluso, asumir una posición anti-Chávez podría ponerlo del lado equivocado de la urgente y más amplia misión de reducir la inequidad en América Latina.

En cambio, funcionarios de Obama están intentando restaurar las relaciones diplomáticas con el presidente indígena de Bolivia Evo Morales, reelegido en diciembre. Al enviar a la toma de posesión de Mujica a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, la administración también da una señal simbólica de la importancia que da a la búsqueda de la justicia y la inclusión social por medios democráticos.

Pero el acercamiento no puede pasar por alto la verdadera erosión de instituciones democráticas y los derechos humanos fundamentales. Como dijo Dan Fisk, quien se desempeñó como asistente especial del Presidente George W. Bush y director para asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, en una entrevista reciente, el silencio puede empezar "a verse como aquiescencia de abusos por parte de ciertos líderes".

Cómo romperá Washington ese silencio a la vez que mejora sus relaciones con líderes de izquierda en América Latina, es parte del debate que funcionarios de Obama están teniendo al interior de la administración. La democracia en América Latina ha evolucionado y defenderla requiere de un estilo distinto y más matizado.

Ciertamente Obama está en una mejor posición que su predecesor -- puede darle la mano a Chávez, por ejemplo -- pero enfrenta un largo camino para restaurar la confianza, dado que el historial de Washington en defensa y promoción de la democracia en la región tampoco ha sido estelar.