Por qué Nicaragua no será otra Honduras

Con menos de dos años en la presidencia de Honduras, Manuel Zelaya intentó extender su mandato más allá del período permitido. Zelaya -- acólito del venezolano Hugo Chávez -- y sus seguidores creían que podrían burlar elites arraigadas y aprovechar la supuesta popularidad del gobernante entre las clases pobres y marginadas, para reformar la Constitución mediante un referendo.

El plebiscito, sin embargo, fue bloqueado por una corte hondureña. Cuando Zelaya intentó seguir adelante a pesar de la decisión judicial, su propio partido se unió a los militares de esa nación en su contra. El gobernante fue arrestado y forzado a abandonar el país.

Ahora, también con menos de 24 meses en el poder, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, está buscando extender su mando por medios extra legales, muy semejantes a los usados por Zelaya. Muchos dentro y fuera de Nicaragua desconfían de sus intenciones y temen que Ortega conducirá a su país hacia un régimen autoritario. Mientras el intento de acaparar el poder del mandatario hondureño y su estrecha relación con el chavismo de Venezuela inspiró un golpe en esa nación centroamericana, es muy poco probable que Nicaragua siga ese mismo camino.

Esto se debe, en parte, a que Ortega es incomparablemente más astuto que Zelaya. Si bien ya no goza de la popularidad que tuvo en el pasado, ganó la presidencia en 2006 tras una serie de maniobras turbias, que le permitieron declarar la victoria con sólo el 38 por ciento de la votación.

El año pasado, a sabiendas de que ya no podía depender del apoyo popular para continuar su mandato, Ortega buscó y logró que la Corte Suprema, dominada por los sandinistas, levantara la prohibición constitucional que impedía la reelección presidencial. A modo de agradecimiento, en enero, él aprobó un decreto que extendió el mandato de varios de los magistrados.

En el mismo precepto, el nicaragüense autorizó la permanencia en sus cargos de los miembros del tribunal electoral que supervisará la elección presidencial de 2011. Vale recordar que tal tribunal falló en investigar acusaciones de fraude en las elecciones municipales de 2008, en las que los sandinistas se declararon ampliamente victoriosos.

Ortega también cuenta con matones para silenciar el descontento. Cuando los legisladores de la oposición intentaron revertir su decreto el mes pasado, manifestantes pro-gobierno arrojaron piedras y explosivos contra el edificio donde los congresistas estaban reunidos. La Presidencia hizo poco para detener a sus partidarios.

"Daniel es probablemente peor que Zelaya", dijo Geoff Thale de la Oficina de Washington para Asuntos
Latinoamericanos. Pero Thale, como todos los demás expertos en Nicaragua, cree que el riesgo de que sea derrocado es mínimo.

âl es, simplemente, muy hábil en controlar y comprar el apoyo de importantes sectores dentro de esa nación. A diferencia del ex mandatario hondureño, Ortega no ha adoptado una posición en contra de la clase empresarial, por ejemplo, y respeta sus estrechas relaciones con Estados Unidos.

Además, mientras el ejército de Honduras no tardó en apoyar la expulsión de Zelaya, el nicaragüense se muestra orgulloso de permanecer independiente y apolítico. En el pasado, esfuerzos para convencer a los militares a que rompieran su neutralidad han sido infructuosos.

A pesar de una creciente insatisfacción con su gestión, Ortega mantiene un respaldo sólido de una tercera parte de la población. Si fuera destituido, advirtió el respetado periodista y analista Carlos Fernando Chamorro en una entrevista, "el país se incendiaría".

El control de Ortega en Nicaragua no es total, por supuesto. Esto se hace más evidente en el caso de la Policía Nacional, una institución tradicionalmente admirada, pero recientemente cuestionada por no producir ningún arresto tras tres días de violencia contra la oposición. Según Thale, el Presidente espera que la comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, cometa un error que sirva de pretexto para reemplazarla con alguien más atento a los deseos del mandatario y más tolerante con sus matones.

A pesar de estas circunstancias, la comunidad internacional parece poco dispuesta a interponerse en el camino de Ortega. Como mínimo, dijo Chamorro, Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos debieran exigir que el tribunal electoral fuera neutral y que se ofrezcan las garantías para observadores internacionales de los comicios.

Por ahora, sólo el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mostrado ciertas agallas. En respuesta al último intento de Ortega de comprar respaldo entre empleados rasos -- incluidos los del ejército y la policía -- con un bono mensual de 22 dólares, el FMI anunció que suspendería la evaluación del plan económico del país centroamericano. Sin dicha evaluación, el fondo no podrá desembolsar 18 millones de dólares en ayuda ni proveer garantías cruciales para inversionistas extranjeros.

Sin embargo, es importante señalar que la respuesta del FMI se basa solamente en argumentos económicos los países que recibe ayudan de esta institución deben adherirse a estrictos planes de austeridad y metas inflacionarias. Aunque muy modesto, el bono de 22 dólares fue suficiente para provocar una respuesta financiera internacional.

No obstante, ningún injerencia en la democracia nicaragüense pareciera ser suficiente para provocar una respuesta política. Es como si todos, con excepción de Ortega, fueran impotentes cuando se trata de Nicaragua.