Chávez y sus confusas prioridades en seguridad

Quienes visitan Caracas con frecuencia ya conocen el ejercicio. Si aterrizan de noche en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, deben tomar un taxi y esperar a que otro transporte de pasajeros aparezca para hacer juntos el recorrido hasta la capital venezolana.

Esa es la práctica más prudente y segura. De otra forma, se corre el riesgo de ser presa fácil de secuestradores, que merodean a lo largo de la carretera de 22 kilómetros y retienen a sus víctimas en casuchas hasta que les paguen un rescate.

Sin embargo, ese no es el único problema de seguridad en Venezuela. La nación suramericana tiene hoy una de las tasas de secuestro más altas del mundo. En 2009, el volumen de estos delitos aumentó entre 40 y 60 por ciento con respecto al año anterior, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. En su mayoría, son los llamados secuestros “express”, que duran unas 24 horas, pero que resultan muy lucrativos para los criminales.

También en 2009 hubo 16.047 homicidios. Este récord casi cuadruplica el registro de asesinatos de hace una década, según el Observatorio Venezolano de Violencia, que asegura utilizar las cifras oficiales más conservadoras. Tristemente, la impunidad también creció en proporciones similares en los últimos diez años. Sólo 1.491 detenciones por homicidios ocurrieron el año pasado, en contraste con 5.017 registradas en 1998.

Claramente, se entiende que la situación de criminalidad del país requiere de una mayor atención, pero también de análisis e inversión seria.

El presidente venezolano Hugo Chávez ha dedicado sus once años de gobierno a mejorar la situación de los pobres. A pesar de todos sus reveses, su revolución socialista ha logrado, por ejemplo, que la disparidad de ingresos en Venezuela sea la más baja de toda América Latina. Pero mientras busca asegurar el bienestar social, ha ignorado la seguridad pública.

Chávez ha perseguido, en cambio, una política quijotesca de seguridad nacional, en vez de mejorar la protección ciudadana. Su gobierno ha invertido millardos de dólares en nuevas armas y otro equipo militar, así como en entrenar a miles de milicias campesinas como refuerzos de las fuerzas armadas. Todo ello lo ha hecho ante la posibilidad, entre otras cosas, de una supuesta agresión extranjera.

Hace unas semanas, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, anunció un nuevo acuerdo con Venezuela para la adquisición de cinco millardos de dólares en armamento. Desde 2005, Chávez ha gastado más de diez millardos de dólares en compras similares, lo que pone a Venezuela muy a la cabeza como mayor comprador de armas de América Latina.

Las prioridades tergiversadas de seguridad y el desperdicio de valiosos recursos no es todo. Venezuela no ha puesto fuera de servicio los equipos militares obsoletos que han sido reemplazados. Con procedimientos inadecuados para su registro y frecuente inventario, fácilmente éstos pueden terminar en el mercado negro y en manos de malhechores.

Según Matt Schroeder, director del Proyecto de Monitoreo de Venta de Armas de Federation of American Scientists en Washington, este armamento puede “abastecer a elementos criminales en Venezuela y filtrarse a la región”, una preocupación seria para la vecina Colombia, que todavía enfrenta a varios grupos rebeldes ilegales.

Los elevados niveles de impunidad, sumados al armamento sobrante y al hecho de que los venezolanos poseen entre 9 y 15 millones de armas de fuego son, simplemente, una receta para aumentar el crimen.

Para enfrentar la situación, el gobierno de Chávez lanzó el Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana el mes pasado. Con esa nueva estrategia, busca mejorar la seguridad de las 36 municipalidades más afectadas por la violencia callejera. En diciembre pasado, Chávez creó también una nueva policía federal para encarar la endémica corrupción policial.

Aún así, algunos expertos aseguran que estos esfuerzos no son suficientes. En una entrevista reciente con el diario local El Nacional, el experto en seguridad, Fermín Mármol García, dijo que ha habido “doce planes de seguridad en diez años de revolución”, pero no la voluntad política para enfrentar el crimen organizado. Cuarenta años antes de que Chávez llegara al poder, agregó, hubo un total de 304 secuestros; desde 1999 ha habido 2.655. “Algo pasó en nuestra sociedad”, asegura.

Es típico de Chávez culpar a otros; Colombia, por ejemplo. Y es verdad que grupos ilegales colombianos tienen historial de secuestro en la nación venezolana. También es probable que algunos de los logros colombianos en seguridad han significado la reubicación de elementos criminales y narcotraficantes en países como Venezuela.

Pero el hecho es que la ola de criminalidad en esa nación es, sobre todo, el resultado de un debilitamiento interno de las instituciones. El gobierno nacional, según Roberto Briceño León, sociólogo director del Observatorio Venezolano de Violencia, ha desarmado a algunas fuerzas policíacas locales por razones políticas. Además, dijo el académico en una entrevista, ha establecido un pobre ejemplo como el “primero que quebranta las normas”, socavando así la base legal del país.

Mientras tanto, en el frente de seguridad, la prioridad de Chávez es armarse contra los enemigos que él cree tener, afirmó Briceño. En ese sentido no hay una política destinada a proteger a la población, sino simplemente a sus seguidores.